Califican a la Ley de Telecomunicaciones como inconstitucional 

Por www.activista.mx

México, D.F.- Las organizaciones no gubernamentales Agencia Autónoma de Comunicación SubVersiones, Ala Izquierda, A.C.; Asociación Mexicana del Derecho a la Información, (AMEDI) y Asociación Mundial de Radios Comunitarias-México (AMARC), así como los activistas Aleida Calleja, expresidenta de AMEDI, y Alfredo Lecona, denunciaron que el gobierno federal y el PRI han decidido imponer un grave retroceso legal a la reforma constitucional para telecomunicaciones y radiodifusión.

Dijeron: "Las leyes secundarias de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que ya circula en el Senado de la República contiene disposiciones que agravian a los ciudadanos y contravienen la reforma constitucional de junio pasado".

Esa iniciativa, señalaron, "entre otros desatinos presenta los siguientes":

- Beneficia a las empresas televisoras al disponer que la preponderancia en radiodifusión se definirá únicamente tomando en cuenta a la audiencia y no la capacidad de transmisión o el número de concesiones.

- Los límites a la concentración especialmente en radiodifusión son dudosos, por no decir casi inexistentes.

- Adjudica a la Secretaría de Gobernación la revisión de contenidos en radio y televisión, privando al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de una de sus atribuciones esenciales.

- Deja bajo el control de la Secretaría de Gobernación al nuevo organismo nacional de radiodifusión pública, al cual no se le asigna de manera expresa la tarea de operar una cadena de televisión y otra de radio de alcance nacional.

- Omite la regulación de contenidos de radiodifusión en temas esenciales como derechos de los niños, integridad de contenidos audiovisuales y publicidad engañosa.

- No contiene disposición alguna en beneficio de la producción nacional independiente.

- Discrimina a los medios comunitarios e indígenas al impedir que tengan diversidad de opciones de financiamiento, incluyendo la posibilidad de tener espacios comerciales, y se les deja en una alta incertidumbre jurídica al mantener criterios discrecionales para acceder a las frecuencias. Además se les piden los mismos requisitos que a los medios de uso público, "lo cual es un absurdo porque no se le puede exigir lo mismo a una comunidad indígena que a una institución del Estado, en un absurdo jurídico de tratar como iguales a los desiguales".

- Ignora a los medios públicos. No se reglamentan prerrogativas como la independencia editorial y financiera que les otorga la reforma constitucional.

- Afectaría la libertad de expresión en Internet al permitir la censura gubernamental y por parte de concesionarios, además de atentar contra el principio de neutralidad de la red.

- Permitiría a autoridades ordenar la cancelación de los servicios de telecomunicaciones en áreas determinadas durante eventos de protesta y otros.

- Vulneraría la privacidad de los usuarios al ampliar las facultades de intervención de comunicaciones, geolocalización en tiempo real sin controles, además de obligar a empresas de telefonía a conservar datos personales de los usuarios en un registro de comunicaciones, incluso de manera indefinida, y permitir el acceso a los mismos sin autorización judicial ni otras salvaguardas.

Explicaron que estos son tan sólo algunos de los yerros y excesos de la iniciativa del presidente de la República. Con ese documento,  apuntaron, evidentemente definido por el interés de las corporaciones televisivas, el gobierno y el PRI infringen los compromisos que adquirieron con otras fuerzas políticas, pero sobre todo con la sociedad, cuando aprobaron la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

Acotaron que el Senado de la República y la Cámara de Diputados tienen la responsabilidad de incorporar a la legislación secundaria los principios constitucionales. Consideraron que en sus dictámenes deben tomar en cuenta las aportaciones de otras propuestas, como la iniciativa de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información.

De aprobarse sin cambios la propuesta presidencial, advirtieron, será una ley reglamentaria insuficiente para normar a las telecomunicaciones y la radiodifusión. "Se trataría de una ley claramente inconstitucional y por lo tanto objetable tanto legal como políticamente", finalizaron.