México, D.F.- Un colectivo de organizaciones no gubernamentales, mediante un comunicado, dio a conocer que en meses recientes se han presentado o aprobado diversas iniciativas legislativas, tanto a nivel federal como local, que giran en torno al ejercicio del derecho a la protesta social y a la libertad de expresión.

Expresó, con preocupación, que ha documentado cómo estas leyes más que proteger y ampliar, buscan inhibir y limitar derechos básicos de las y los ciudadanos en una sociedad democrática, tales como la libertad de expresión, protesta, reunión y asociación. Precisaron que es el caso de legislaciones presentadas en el Congreso Federal para regular manifestaciones, así como en los congresos locales de San Luis Potosí, Quintana Roo, Jalisco y el Distrito Federal.

Advirtió que a partir de la sistematización y análisis de estas iniciativas y leyes aprobadas, ha construido el informe titulado: "Control del espacio público: informe sobre retrocesos en las libertades de expresión y reunión en el actual gobierno", donde da cuenta, por un lado, del contexto general en el que éstas son presentadas y, en su caso, aprobadas. Por otro lado, denunció "el andamiaje que se construye para criminalizar la protesta social".

Señaló que al hacer el análisis jurídico de la legislación propuesta o aprobada, identificó el incumplimiento que ésta hace a los estándares internacionales de Derechos Humanos y cómo es que contraviene derechos reconocidos en la Constitución.

Dijo haber encontrado "sumamente preocupante el cerco a las libertades democráticas construido desde el Estado para violentar derechos en las calles, y ahora también en internet".

Como resultado del informe, señaló que identificó acciones violatorias de derechos por parte del gobierno, tales como la censura previa al establecer avisos o permisos para reuniones públicas, la posibilidad de disolver las marchas si bloquean un edificio de gobierno o una vía pública, una sobre burocratización para ejercer derechos en el espacio público, la criminalización del simple aspecto o forma de vestir de las personas, y el aumento desproporcional de penas para delitos relacionados con concentraciones.

Asimismo, explicó, el Estado se arroga la posibilidad de limitar comunicaciones electrónicas en sitios donde se considere esté en riesgo el orden o seguridad nacional, entre otras. Consideró que este tipo de legislaciones vulneran, coartan y restringen el ejercicio de los derechos humanos de las personas y pueblos, y buscan criminalizar la protesta social en todas sus expresiones.

Destacó que la criminalización directa o expresa a través de legislaciones que regulan los espacios públicos de manera prohibitiva, o bien, a través de legislación que criminaliza de manera indirecta la protesta social; esto es, mediante legislación penal o del orden de la seguridad nacional que eventualmente podría ser usada para criminalizar a movimientos sociales.

Expuso que es el caso de las reformas al Código Penal en materia de terrorismo, la geolocalización en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y la inminente aprobación de la Ley reglamentaria del artículo 29 constitucional en materia de suspensión de garantías.

Ante este panorama, precisó, ese colectivo ha impulsado distintas acciones legales y públicas con la finalidad de detener esta intención del Estado de criminalizar la protesta.

Detalló que entre otras acciones están las siguientes:

- Desde octubre de 2013, informó de esta situación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Relatoría de Libertad de Expresión de la ONU, mediante diversos comunicados a las instancias encargadas de hacer la valoración de leyes que regulan las manifestaciones públicas, sobre todo en la Cámara de Diputados.

- El pasado lunes 7 de abril, pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que promoviera una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma penal en materia de terrorismo, por considerar que facilita la inhibición de derechos y la criminalización movimientos sociales.

- Se declaró en alerta y anunció la construcción del Frente por la Libertad de Expresión y Protesta Social, con el objetivo de vigilar las iniciativas legislativas que restrinjan la libertad de expresión en cualquiera de sus manifestaciones.

- Denunciarán aquellas iniciativas en donde los principios básicos de la libertad de expresión, reunión y protesta sean atacados, como es el caso de la ley secundaria en materia de Telecomunicaciones, que actualmente en debate en el Senado. Advirtió que observarán y tratarán de impactar en las agendas legislativas con propuestas que respeten y garanticen el derecho a la protesta social.

- Como primera actividad de dicho Frente, presentó la campaña #QueNoTeApaguen, mediante la que busca informar y concientizar a la sociedad sobre las pretensiones del Estado para limitar la protesta social, a partir de documentos de análisis, gráficos y audiovisuales.

Las organizaciones no gubernamentales que integran ese frente son: Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C.; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.: Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C.; Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C.; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C.; Propuesta Cívica, A.C., y Servicios y Asesoría para la Paz, A.C.