México, D.F.- En días anteriores el presidente de la república Enrique Peña Nieto envió al Senado de la República una iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en la cual existen algunas censuras en contenidos y se contempla la posibilidad de bloquear la señal durante concentraciones públicas con el argumento de establecer seguridad en el principio de acotar neutralidad, bajo la amenaza de censurar los contenidos de telecomunicaciones.
Esa fue la conclusión que coincidieron en señalar activistas, periodistas, políticos y catedráticos durante el Foro: Medios Públicos en la Reforma de Telecomunicaciones, cultura y democracia en la ciudad de México, realizado en el Museo de la Ciudad de México.
En el evento, se contó con la presencia de: Dolores Padierna Senadora de la república; Virgilio Caballero, periodista; Javier Velázquez, ex rector de la UAM Ixtapalapa, Graciela Ramírez, promotora de radio educación, Cesar Alan Ruiz del movimiento Yo soy 132; y Primavera Téllez Girón, coordinadora editorial de Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI); Jenaro Villamil periodista de la revista PROCESO; Agustín Ramírez, presidente de la AMEDI, Ernesto Velázquez Briseño director de TV UNAM, Eugenio Bermejillo coordinador de la Red de Comunicadores Boca de Polen; Patricia Ortega, Académica de la UAM Xoximilco, y Fernando Mejía Barquera, periodista.
Durante este foro se expusieron ideas y párrafos de esta iniciativa de ley que contempla las siguientes cosas:
El artículo 197, fracción VII, de la iniciativa plantea que la posibilidad que los concesionarios suspendan la red de internet en determinadas áreas y eventos: “Bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes”.
El principio de neutralidad significa que los proveedores de servicios de internet serán tratados de forma equitativa, es decir, se impide que los proveedores perjudiquen o beneficien a determinado tipo de tráfico, o se exija un pago extra para obtener un trato preferencial en el manejo del mismo.
La iniciativa, en su artículo 146, dice: “Los concesionarios y los autorizados que presten el servicio de acceso a Internet podrán hacer ofertas según las necesidades de los segmentos de mercado y clientes, diferenciando entre niveles de capacidad.
El artículo 145, fracción III, además que se finca responsabilidad al proveedor sobre lo que haga el usuario, el texto dice: “Los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a Internet (…) podrán bloquear el acceso a determinado contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario, cuando medio orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad”.
En el título VIII de la iniciativa, titulado “De la colaboración con la justicia”, se plantea que los proveedores podrán almacenar hasta por 24 meses los datos y registro de comunicaciones de los usuarios, incluidos el origen y destino de las comunicaciones, la fecha, hora y duración de los mensajes o llamadas, el nombre de titular de una línea y la ubicación geográfica del dispositivo de comunicación, entre otros datos.
Lo anterior es una clara muestra de la opresión y el intento de ataque a los datos y comunicaciones personales, así como de que generan incentivos para la censura privada, porque se coloca a las empresas de telecomunicaciones en una posición en la que pueden bloquear expresiones y usos legítimos de Internet con la intención de no arriesgarse a ser considerados responsables por esas expresiones, generando así, un efecto inhibidor de la libertad de expresión en Internet, en lo que todos los exponentes estuvieron de acuerdo es que esta no es la única iniciativa de ley en telecomunicaciones, piden a los legisladores tomar bien en cuanto las otras opciones existentes, pues se aclara que existiría un retraso categórico en comunicación si esta iniciativa se aprobara
Esa fue la conclusión que coincidieron en señalar activistas, periodistas, políticos y catedráticos durante el Foro: Medios Públicos en la Reforma de Telecomunicaciones, cultura y democracia en la ciudad de México, realizado en el Museo de la Ciudad de México.
En el evento, se contó con la presencia de: Dolores Padierna Senadora de la república; Virgilio Caballero, periodista; Javier Velázquez, ex rector de la UAM Ixtapalapa, Graciela Ramírez, promotora de radio educación, Cesar Alan Ruiz del movimiento Yo soy 132; y Primavera Téllez Girón, coordinadora editorial de Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI); Jenaro Villamil periodista de la revista PROCESO; Agustín Ramírez, presidente de la AMEDI, Ernesto Velázquez Briseño director de TV UNAM, Eugenio Bermejillo coordinador de la Red de Comunicadores Boca de Polen; Patricia Ortega, Académica de la UAM Xoximilco, y Fernando Mejía Barquera, periodista.
Durante este foro se expusieron ideas y párrafos de esta iniciativa de ley que contempla las siguientes cosas:
El artículo 197, fracción VII, de la iniciativa plantea que la posibilidad que los concesionarios suspendan la red de internet en determinadas áreas y eventos: “Bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes”.
El principio de neutralidad significa que los proveedores de servicios de internet serán tratados de forma equitativa, es decir, se impide que los proveedores perjudiquen o beneficien a determinado tipo de tráfico, o se exija un pago extra para obtener un trato preferencial en el manejo del mismo.
La iniciativa, en su artículo 146, dice: “Los concesionarios y los autorizados que presten el servicio de acceso a Internet podrán hacer ofertas según las necesidades de los segmentos de mercado y clientes, diferenciando entre niveles de capacidad.
El artículo 145, fracción III, además que se finca responsabilidad al proveedor sobre lo que haga el usuario, el texto dice: “Los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a Internet (…) podrán bloquear el acceso a determinado contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario, cuando medio orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad”.
En el título VIII de la iniciativa, titulado “De la colaboración con la justicia”, se plantea que los proveedores podrán almacenar hasta por 24 meses los datos y registro de comunicaciones de los usuarios, incluidos el origen y destino de las comunicaciones, la fecha, hora y duración de los mensajes o llamadas, el nombre de titular de una línea y la ubicación geográfica del dispositivo de comunicación, entre otros datos.
Lo anterior es una clara muestra de la opresión y el intento de ataque a los datos y comunicaciones personales, así como de que generan incentivos para la censura privada, porque se coloca a las empresas de telecomunicaciones en una posición en la que pueden bloquear expresiones y usos legítimos de Internet con la intención de no arriesgarse a ser considerados responsables por esas expresiones, generando así, un efecto inhibidor de la libertad de expresión en Internet, en lo que todos los exponentes estuvieron de acuerdo es que esta no es la única iniciativa de ley en telecomunicaciones, piden a los legisladores tomar bien en cuanto las otras opciones existentes, pues se aclara que existiría un retraso categórico en comunicación si esta iniciativa se aprobara
0 comentarios:
Publicar un comentario