México, D.F.- La propuesta para bloquear la señal de Internet en zonas determinadas como de riesgo para la seguridad nacional, la censura previa de contenidos que circulan a través de la red, el almacenamiento de datos de los usuarios sin orden judicial y el fin al principio de neutralidad en el ciberespacio, lejos de regular su uso, atentan contra el derecho a la información de los mexicanos, aseguró el diputado federal Carlos Augusto Morales López, del PRD.

Tales disposiciones, agregó, contenidas en la iniciativa de reforma en materia de telecomunicaciones enviada por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, contravienen también los cambios constitucionales de 2013, en los que se garantizan los llamados derechos de nueva generación.

Morales López consideró que con la propuesta de bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional, a solicitud de las autoridades competentes, se están dando facultades a las autoridades para cancelar el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información.

Con respecto a la propuesta de acabar con la neutralidad de la red, el diputado perredista manifestó que con ello se sujetarán los derechos de los usuarios de Internet a los intereses de las empresas, debido a que los concesionarios y los autorizados que presten el servicio de acceso podrán hacer ofertas según las necesidades de los segmentos de mercado y clientes, diferenciando entre niveles de capacidad, velocidad o calidad.

Sobre el almacenamiento de los datos de los usuarios por tiempo indeterminado, y que estos se pongan a disposición de autoridades como el Ejército, Gobernación, la Procuraduría General de la República o la Secretaría de Marina, por mencionar algunas, dijo que violentan el principio de privacidad.

“Con esta disposición, intervenir comunicaciones privadas para una investigación judicial se extrapola a un grado tal que todo puede ser intervenido sin justificación y sin importar la protección de la identidad, privacidad y datos personales que deben garantizar las empresas, es decir, los concesionarios de acceso a Internet”, indicó.

Afirmó que con estas propuestas el Estado no asume su responsabilidad de garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet, a través de condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.