Zacatecas,
Zac.- A pesar de que los cambios en esta sociedad son notables, de que la
tecnología avanza, de que algunas leyes que existen ya se pueden implementar y
que a otras les hacen falta algunos ajustes, es bien sabido que en algunos
estado de la república aun es complicada la aceptación haca la diversidad
sexual.
Siendo
el estado de Zacatecas uno de los primeros en la República Mexicana en los
cuales el Catolicismo influye mucho en las leyes adoptadas y en el estilo de
vida, se ha notado que para las personas de la diversidad sexual y sus familias
es difícil seguir viviendo en una sociedad intolerante ante sus necesidades y sus derechos.
Es
por eso que distintas Organizaciones Civiles de este estado se unieron para
llevar acabo el 1er. Foro ¨Por los Derechos Humanos y No Discriminación a
Familias Diversas¨.
Las
organizaciones civiles que gestionaron para que se les prestara el espacio del vestíbulo
de la Legislatura local en Zacatecas fueron las siguientes: Grupo Eclipse
Lésbico, Voz Propia para las Diversas, Mujeres Construyendo Igualdad, Coalición Derecho al Trabajo Red de Género y
Medio Ambiente, Mujeres y Punto, Capaaz, Códice, la Coordinación Feminista
Olympia de Gouges, Mujeres Feministas Lesbianas y E-volucion@,
María
de la Paz Barrón, representante de la organización Eclipse Lésbico; Marco
Flores Inguanzo, Catedrático de la Universidad Autónoma de Zacatecas, así como
Sara Ortiz García, representante de la Asociación Civil Hijas de la Luna, comenzaron el foro con una
conferencia de prensa en la cual también estuvieron presentes la titular de la
Secretaría de las Mujeres (Semujer), Angélica Náñez Rodríguez, y la diputada
perredista María Eugenia Flores Hernández, presidenta de la Comisión de Equidad
entre los Géneros en el Congreso local.
La
titula de Semujer¨ Angélica Náñez Rodríguez expreso lo siguiente: Sabemos que pese
a la resistencia social que conllevan las uniones entre personas del mismo
sexo, está en camino un cambio institucional, pues ya se garantizan derechos
como la salud.
Por
su parte, la diputada perredista María Eugenia Flores Hernández, presidenta de
la Comisión de Equidad entre los Géneros en el Congreso local, se pronunció
como promotora del reconocimiento de los derechos para todos los modelos de
familia que hay en la entidad, expresó que se pretende garantizar la salud, la
adopción y herencia, así como un reconocimiento en general para cualquier tipo de
familia.
Al
terminar la conferencia de prensa, María de la Paz Barrón realizo la entrega
pública de un documento en el que se expiden las principales necesidades de los
grupos de la diversidad sexual así como una iniciativa de ley con la que se
puede comenzar a trabajar desde el congreso local, lo cual se resume en el
siguiente documento:
Exposición
de motivos
El
objetivo de una sociedad de convivencia es dar reconocimiento legal a aquellos
hogares formados por personas sin parentesco consanguíneo o por afinidad.
Se
reconocen derechos que no se les otorgan en ninguna otra disposición jurídica.
Cuando en Derecho se busca regular un hecho en concreto, es porque ya existe en
el contexto real, el número de casos son considerables por lo tanto necesitan
una regulación jurídica. Si bien es verdad que aún se pueden considerar un
grupo minoritario, lo cierto es, que se ha convertido en una necesidad
reconocerles derechos y obligaciones. Aunque éstos sólo rijan a las personas que suscriben un
convenio de modelo de convivencia. A partir del momento en que los convivientes
firmen su convenio adquieren derechos y obligaciones bilaterales. La certeza
jurídica se logrará al registrar este convenio ante el Registro Civil de la entidad
correspondiente.
Entre
los principales derechos que se busca garantizar están el derecho a
heredar (la sucesión legítima
intestamentaria), a la subrogación del
arrendamiento, a recibir alimentos en caso de necesidad y a la tutela legítima; así como la protección, certeza
jurídica y necesidad de recibir seguridad social, realizar trámites de
adopción, adquirir un patrimonio en común, etc; regulando este tipo de uniones
hechas desde la plena voluntad de las personas y desde la autonomía; ya que
hasta el momento los códigos reglamentarios sólo contemplan para el goce de
estos derechos a los ascendientes, descendientes o el cónyuge legal de una persona. Por lo tanto es
prioridad tener una figura jurídica que legitime estas opciones de vida y de
familia:
Considerando
primero. De acuerdo al artículo primero de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, “todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que
el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección,
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo
las condiciones que esta Constitución establece.
Las
normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo
en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas
las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. En consecuencia, el Estado deberáprevenir, investigar, sancionar
y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que
establezca la ley.
Queda
prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género,
la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las personas.”
Considerando
segundo. Al ratificar un tratado internacional, el gobierno mexicano se
compromete a adoptar las medidas y a armonizar su legislación interna de manera
compatible con las obligaciones y deberes dimanantes de tales disposiciones
jurídicas internacionales. El estado mexicano al ratificar los tratados
internacionales de derechos humanos, se compromete a garantizar que sean efectivamente
respetados, acatados y aplicados en su ámbito territorial. De tal manera que la
Declaración Universal sobre Derechos Humanos en su preámbulo establece:
…“Considerando
que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los
derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona
humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y se han declarado
resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de
un concepto más amplio de la libertad;
Considerando
que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la
Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los
derechos y libertades fundamentales del hombre, y
Considerando
que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor
importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso;”…
En
este contexto, México debe armonizar su legislación interna y garantizar que se
respeten, acaten y apliquen los mandamientos emanados desde los tratados
internacionales que ha ratificado.
Considerando
tercero. El objetivo fundamental es
garantizar el respeto a la plena voluntad de las personas y la decisión desde
su autonomía, para formar este tipo de Sociedades, en pleno ejercicio de sus derechos
y obligaciones que no se contraponen, y se acogen a los mandamientos que
establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los
Tratados Internacionales de los que México es miembro y además ha ratificado.
Razón
por la cual, que en este contexto acudimos ante esta H. Autoridad legislativa
para ser escuchadas y presentar nuestra propuesta.
En
el foro, las ponencias estuvieron a cargo de: Irma Serrano Esparza, Sara Ortiz y
María de la Paz Barrón.
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