Las mujeres defensoras de derechos humanos ubican al Estado como el principal agresor en su trabajo

Por www.activista.mx

México, D.F.- Las organizaciones no gubernamentales Asociadas por lo Justo (JASS), Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C. y la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A.C., dijeron que el género afecta el tipo, características y respuestas a la violencia en contra de las personas que defienden los derechos humanos. Agregaron que la estructura social de discriminación, explotación y violencia contra las mujeres imperante, determina las formas en las que se expresan los ataques a las defensoras y las posibilidades, recursos y limitaciones que tienen para enfrentarla.

Señalaron que la publicación "Defensoras de derechos humanos en México. Diagnóstico 2010-2011": sobre las condiciones y riesgos que enfrentan en el ejercicio de su trabajo, busca visibilizar el trabajo de las defensoras y presenta información cualitativa sobre la violencia que viven, sus efectos en la defensa de los derechos humanos, las condiciones y la situación en que trabajan y lo que es útil para protegerse y fortalecer su activismo.

Indicaron que incluye sus propias reflexiones sobre cómo asumen la identidad de defensoras, el contexto en el que trabajan y los obstáculos a su actividad en la defensa de los derechos humanos entre los que destacan la debilidad democrática, la impunidad, la infiltración de poderes fácticos en el Estado; la desigualdad social y económica; y la cultura de discriminación y violencia contra las mujeres.

Expresaron que la violencia que sufren las defensoras, como otras formas de violencia hacia las mujeres, se caracteriza por culpar y avergonzar a las víctimas, normalizar o justificar los actos de los agresores, desconocer la palabra de las mujeres al momento de denunciar, aislarlas de su núcleo familiar o comunidad, buscar la reproducción y legitimación de roles y estereotipos de género y cuestionarlas y atacarlas cuando participan en asuntos públicos.

Precisaron que a las defensoras las hace más vulnerables ser indígenas, jóvenes, transexuales, la falta de autonomía económica o afectiva, la violencia intrafamiliar y/o sexual y las innumerables dificultades para conciliar la vida familiar con su activismo por los derechos humanos.

También, dijeron, son vulnerables por defender derechos humanos considerados de poco valor, como los sexuales y reproductivos, el derecho a la tierra y la libertad sindical, o enfrentar a agresores que se consideran menos peligrosos, como las parejas de las mujeres que viven violencia familiar, minimizándose así las amenazas y ataques que sufren.

Comentaron que quienes hacen denuncia pública de las violaciones a derechos humanos y tienen un impacto local, sufren mayores riesgos. Consideraron que las defensoras también sufren violencia al interior de sus propias organizaciones y movimientos, la invisibilidad de sus aportes, la difamación, las restricciones a la participación, el acoso sexual, son algunas de sus expresiones.

Afirmaron que las agresiones hacia las mujeres suelen tener como justificación el haberse “salido” de su rol tradicional, como una transgresión mayor al de su propio activismo político. Expresaron que a un defensor difícilmente se le amenazara diciéndole “esto te pasa por andar fuera de tu casa”, “en lugar de estar de mitotero vete a cuidar a tus hijos, etc.”. La política represiva tiene un marco “moral” que justifica su acción para preservar un orden que perpetúa la desigualdad de género.

Explicaron que en el diagnóstico se señala que el 76% de las defensoras participantes reconocen especificidades de género en el tipo de violencia que viven por realizar su trabajo y de éstas 40% señala la violencia sexual como la principal forma de violencia específica. Precisaron que 12% identifican, como principal violencia, las amenazas contra la familia, hijos e hijas. Aclararon que si bien esta modalidad de violencia puede darse también contra los defensores, en el caso de las defensoras genera una mayor inhibición de su trabajo.

Enfatizaron que las defensoras requieren mayor protección ante la violencia sexual, ante la falta de credibilidad con que son tomadas sus denuncias, o ante la mayor soledad en la que se las deja. Asimismo, subrayaron la necesidad de que los procesos de protección no sostengan el clásico prejuicio sobre la indefensión de las mujeres y que, en vez de ello, se diseñen sobre la base de construir su empoderamiento.

Expusieron que los actores que las defensoras de derechos humanos señalan como responsables de sus ataques y amenazas son: el Estado en 45% de los casos, incluye agresiones y amenazas que, aunque perpetradas por personas particulares o desconocidos, tienen a las autoridades locales, estatales o federales como instigadoras y autoras intelectuales. Expresaron que el 45% restante son actos de violencia cometidos por grupos conservadores, empresas, medios de comunicación y en menor medida, por colegas de los propios movimientos sociales.

Comentaron en relación a la frecuencia de la violencia, sólo 4% de las defensoras dijo no haber sufrido ni violencia ni obstáculos al realizar su trabajo; 50% señalaron haber sufrido violencia directa por razón del trabajo que realizan; el 50% restante reconoció haber enfrentado obstáculos severos.

Asentaron que la violencia que atenta contra la vida, la libertad y la integridad personal de quienes defienden derechos humanos es la que más se registra (60%), y 86% señalaron que sus organizaciones, o bien compañeros y compañeras de trabajo, han sido objeto de violencia. Es decir, aclararon, que tanto ellas como su organización y su equipo de trabajo, se encuentran en una situación de alto riesgo.

Apuntaron que las defensoras al referirse a las medidas que consideran útiles para garantizar su seguridad y protección, destacaron en primer lugar (36%) el apoyo de otras organizaciones civiles y de redes locales, nacionales e internacionales. También indicaron que las muestras de solidaridad y apoyo en momentos de agresión para no sentirse aisladas y aminorar el miedo y enfrentar la agresión.

Puntualizaron que la construcción de medidas de seguridad en el barrio o la comunidad en la que viven para brindar resguardo y apoyo inmediato, si bien, sólo 26% de las defensoras considera necesario que se establezcan medidas específicas de protección por la condición de género para las defensoras.

Consideraron que las defensoras corren mayor riesgo en contextos de conflicto armado, con presencia de grupos criminales, el ejército o de cuerpos de seguridad pública, así como en lugares con gran poder de grupos conservadores.

Aseguraron que en condiciones adecuadas de apoyo y soporte, las defensoras no solo logran remontar los daños directos por las agresiones sufridas, sino que también logran fortalecer su trabajo, su agenda y sus espacios. Afirmaron que los efectos negativos de la violencia pueden ser revertidos con el apoyo social y a través de estrategias y acciones que las empoderen y les den garantías de seguridad.

Dieron a conocer que la publicación presentada incluye el video “Defensoras de Derechos Humanos en México” en el que defensoras de distintos estados del país dan su testimonio.

Señalaron que con la publicación y el video presentados buscan reconocer, visibilizar y generar solidaridad y una cultura de protección social a las defensoras de derechos humanos por su importancia para la construcción de un estado de derecho democrático.

Concluyeron que la información recabada en este diagnóstico pionero sistematiza las respuestas de cincuenta defensoras mexicanas al cuestionario realizado durante el 1er Encuentro Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y las memorias de los dos Encuentros Nacionales de defensoras realizados en 2011 y 2012.