La igualdad de género en el estado de México parece una meta inalcanzable, pese a las instituciones y las disposiciones gubernamentales creadas ex profeso.
Organizaciones no gubernamentales (ONG´s) nacionales y extranjeras (como Amnistía Internacional y la Organización de Naciones Unidas) legisladoras federales y locales, han señalado que en esta entidad la violencia y la discriminación violan los derechos humanos de mujeres y niñas, al grado que la violencia de género sigue creciendo y la impunidad de ésta, incluyendo el abuso sexual y el feminicidio, es generalizada.
La solicitud de declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) en el Estado de México, obedece a que las ONG´s identificaron un patrón sistemático de violencia contra las mujeres, generado por la falta de prevención, investigación, juzgamiento y sanción por el sistema de justicia de la entidad.
Al respecto, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio documentó que de 2005 a mediados de 2010 se registraron mil 3 casos de asesinatos violentos contra mujeres, de los cuales el 54% se concentra en sólo 10 municipios (Ecatepec de Morelos, Netzahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlan, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli).
Precisó que del total 522 casos no se sabía quién las había asesinado, ni las razones por las cuáles se les privó de la vida, “excusándose la autoridad en la falta de elementos para perseguir a los culpables y el desconocimiento de la identidad de 99 mujeres”.
Destacó que de junio a diciembre de 2010 la Procuraduría General del Estado de México registró alrededor de 2 mil denuncias por violación sexual, en los mismos municipios.
Por lo anterior, a los reclamos de activistas y ONG´s, se han sumado las voces de 3 mil perredistas que el 8 de marzo realizaron una manifestación en Ecatepec, para demandar al gobierno mexiquense que acepte lanzar la AVG.
Las ONG´s nacionales han criticado el reiterado rechazo de emitir esta AVG por parte del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) integrado por las secretarías de Gobernación, de Desarrollo Social, de Educación Pública, de Salud, de Trabajo y Prevención Social; además de la Procuraduría General de la República, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto Nacional de las Mujeres y las instancias de las mujeres de las 32 entidades federativas.
Llamados del poder Legislativo al Gobierno del estado de México
La diputada federal Julisa Mejía Guajardo, del PRD, durante una reciente intervención en tribuna de la Cámara de Diputados, dijo que en el primer año del ‘peñanietismo’, dos mil feminicidios han ocurrido en México, la cuarta parte de ellos en el estado de México y "de la alerta de género, ni sus luces".
Otras legisladoras federales de diversas fracciones parlamentarias aseguraron que se incrementó el número de feminicidios en el país, ya que entre 1985 y 2013 hubo 36 mil 606 decesos, y señalaron la importancia de contar con políticas públicas y acciones que frenen este flagelo.
Con motivo del Día Nacional de la Erradicación del Feminicidio y la Desaparición de Mujeres, la diputada federal Dora María Guadalupe Talamante Lemas, de Nueva Alianza, afirmó que a pesar de los aportes al marco jurídico, el problema ha alcanzado índices alarmantes, pues entre 2006 y 2012 los feminicidios en nuestro país aumentaron más de 40 por ciento, de acuerdo al informe “De sobrevivientes a defensoras: mujeres que enfrentan la violencia, en México, Honduras y Guatemala”.
Dijo que en nuestro país han ocurrido 36 mil 606 feminicidios de 1985 a la fecha y el aumento fue más drástico durante el pasado gobierno federal, cuando los crímenes aumentaron en más del 100 por ciento.
Otras organizaciones no gubernamentales han señalado que ante la negativa de instrumentar este único mecanismo de protección colectiva, la situación de la violencia contra las Mujeres sigue en aumento, pues aún cuando las autoridades siguen manifestando que están trabajando por erradicar el feminicidio, “el número de casos sigue incrementándose; pues de acuerdo a ONU-Mujeres, el Estado de México es una de las primeras 5 entidades con mayor prevalencia de violencia contra las mujeres, con un 56.9%. De acuerdo a esta misma instancia, de 2007 a 2009 la tasa de defunciones femeninas con presunción de de homicidio aumentó un 38%”.
Expresaron que es claro que la visión del gobierno del Estado de México carece de una perspectiva real de la situación, pues mientras las autoridades de esa entidad sólo reconocen 115 feminicidios en dos años (2011 y 2012), en el mismo periodo ocurrieron 448 asesinatos de mujeres, de las cuales algunos presentaban características feminicidas, debido a que el 42% de estas mujeres murieron como consecuencia del uso excesivo de la fuerza física como golpes, asfixia, quemaduras o mutilaciones, elementos a considerar en los crímenes de discriminación, por la forma de someter a los cuerpos, y el 75% fueron halladas asesinadas en un lugar púbico como calles, avenidas, terrenos baldíos, tiraderos de basura, lugares de terracería, etc.
Hay que recordar que la inconformidad de estos activistas nacionales e internacionales se origina en el año 2011, cuando el SNPSEVCM rechazó la petición realizada por las organizaciones Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, de emitir la declaración de la AVG en el Estado de México.
En respuesta a esa negativa, estas organizaciones se ampararon contra esa resolución y un juzgado federal resolvió la nulidad de dicha decisión, obligando al SNPSEVCM a reconsiderar y sustentar su decisión.
A la fecha y pese a existir tener un mandato judicial, el SNPSEVCM todavía no ha cumplido con la misma ni ha dado respuesta a los reclamos de la sociedad civil.
En este tenor, la diputada Karina Labastida Sotelo, del PAN, secretaria de la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han Emprendido las Autoridades Competentes en relación a los Feminicidios, en septiembre del 2013, propuso un acuerdo entre las tres principales fuerzas políticas del país para que en aquellos estados que gobiernan y donde se registre un mayor número de asesinatos de mujeres emitan una Alerta por Violencia de Género.
Sin embargo, la legisladora lamentó que por motivos partidistas este llamado fracasó.
Agregó que por ello diputadas de la Comisión de Feminicidios se han dando a la tarea de visitar a algunos gobernadores para solicitar información tanto de los índices de los asesinatos de mujeres que tienen en sus entidades, como de las acciones que están emprendiendo para combatir la violencia de género.
“Si no existe voluntad política para abordar el tema sin tintes partidistas, pues entonces hay que partidizarlo pero a favor de las mujeres. ¿Cómo? buscando un acuerdo entre los principales partidos políticos para que acepten que la alerta se aplique en el Estado de México, que es gobernado por el PRI; en Guanajuato, donde gobierna el PAN, y en Morelos, donde el gobierno es del PRD. Este acuerdo es en el entendido de que la alerta de género es para proteger a las mujeres, no para afectar la imagen de un determinado gobierno o partido político”, propuso en su momento.
También el Senado de la República, aprobó un dictamen en el cual solicitó al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que “emprenda sus buenos oficios” con las autoridades de los estados de la República para que acepten las declaratorias de Alerta de Violencia de Género que les han sido solicitadas, a efecto de lograr la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia feminicida.
El gobierno del estado de México no emitie la AVG por motivos políticos
La percepción generalizada de activistas y ONG´s, es en el sentido de que el gobierno mexiquense no acepta lanzar las correspondientes AVG, con el argumento de que tiene tientes políticos.
Por ejemplo, el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social mexiquense, en su momento, señaló que la petición de una AVG en el estado de México, se trataba de una estrategia para afectar la imagen de Enrique Peña Nieto, a la sazón gobernador de la entidad, con miras a las elecciones estatales que habrían de renovar la gubernatura.
El propio Peña Nieto dijo que era “sospechoso” que el tema se discutiera justo a unos meses de la elección para elegir a su sucesor.
Por su parte, el actual gobernador Eruviel Ávila Villegas, consideró que no se requiere emitir la eclaratoria de AVG en la entidad, como exigen las ONG´s desde hace años, porque las mujeres están protegidas y apoyadas, y las autoridades de todos los niveles seguirán velando por su seguridad y protección y “estaremos haciéndoles justicia”.
Ádvirtió que no toleraría que se buscará lucrar políticamente con la declaratoria de AVG y dio a conocer que realizarían nuevas acciones para la protección de las mujeres, entre ellas: crear dos centros de justicia especializados en Cuautitlán Izcalli y Amecameca, dos albergues temporales, en Cuautitlán Izcalli y Jocotitlán; el primer Centro de Atención Integral para Mujeres, en Zinacantepec, y un Centro de Atención para Mujeres Víctimas de Violencia Intrafamiliar en Nezahualcóyotl.
También ofreció diseñar mecanismos para detectar y sancionar a servidores públicos que victimicen a mujeres que han sufrido violencia, la creación de un órgano interinstitucional que colabore con la Procuraduría General de Justicia del Estado de México en la atención del feminicidio y otros delitos; promover en planes de estudio la cultura de una vida libre de violencia contra las mujeres, y una amplia campaña de equidad de género en el Sistema de Radio y Televisión Mexiquense.
Como se observa, el estado de México es considerado a nivel internacional como uno de los 5 estados del país con mayor índice de violencia en contra de las mujeres, pese a que fue la primera entidad en tipificar el delito de feminicidio.
El código penal mexiquense indica que el homicidio doloso de una mujer se considera feminicidio cuando ocurra por violencia de género, se cometa en contra de alguien con quien se haya tenido una relación sentimental, afectiva, de confianza o una de trabajo; o existan con antelación actos que impliquen violencia familiar.
De acuerdo al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, esto hace que en el Estado de México la definición de feminicidio sea tan ambigua, que resulta incomprobable y “se presta al encubrimiento de las cifras reales de mujeres asesinadas”.
Con base en esto, la igualdad de género en el estado de México parece una meta inalcanzable, pese a las instituciones y las disposiciones gubernamentales creadas ex profeso.
Habrá que esperar a ver si es suficiente la aplicación de la reciente reforma aprobada por el Congreso del estado de México, en Enero del 2014, que perfecciona la tipificación del delito de feminicidio en su Código Penal, la cual pretende ajustar la legislación estatal con la federal y tomar en consideración las recomendaciones que han realizado organizaciones civiles en la materia.
El gobierno del estado de México no ha mostrado sensibilidad política suficiente ante los reclamos de activistas y ONG´s nacionales y extranjeras, ni a los llamados realizados por parte de legisladoras y legisladores federales y locales.
Mientras los políticos mexiquenses determinan si la AVG es viable, continúa la violencia en contra de las mujeres en la entidad.
La incapacidad de las instituciones y directrices gubernamentales creadas ex profeso, para erradicar la violencia en contra de mujeres y niñas en el estado de México, hace prever que continuará la impunidad en este tipo crímenes.
Nuevamente, como ha sido denunciado por diversas ONG´s, esta respuesta de las autoridades estatales a la demanda de emitir la AVG, se convierte en violencia institucional en contra de las víctimas del feminicidio y sus familiares.
Habrá que preguntar al jefe de las instituciones del estado, Eruviel Ávila ¿Cuántas víctimas son necesarias para que emita la AVG en la entidad?
Organizaciones no gubernamentales (ONG´s) nacionales y extranjeras (como Amnistía Internacional y la Organización de Naciones Unidas) legisladoras federales y locales, han señalado que en esta entidad la violencia y la discriminación violan los derechos humanos de mujeres y niñas, al grado que la violencia de género sigue creciendo y la impunidad de ésta, incluyendo el abuso sexual y el feminicidio, es generalizada.
La solicitud de declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) en el Estado de México, obedece a que las ONG´s identificaron un patrón sistemático de violencia contra las mujeres, generado por la falta de prevención, investigación, juzgamiento y sanción por el sistema de justicia de la entidad.
Al respecto, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio documentó que de 2005 a mediados de 2010 se registraron mil 3 casos de asesinatos violentos contra mujeres, de los cuales el 54% se concentra en sólo 10 municipios (Ecatepec de Morelos, Netzahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlan, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli).
Precisó que del total 522 casos no se sabía quién las había asesinado, ni las razones por las cuáles se les privó de la vida, “excusándose la autoridad en la falta de elementos para perseguir a los culpables y el desconocimiento de la identidad de 99 mujeres”.
Destacó que de junio a diciembre de 2010 la Procuraduría General del Estado de México registró alrededor de 2 mil denuncias por violación sexual, en los mismos municipios.
Por lo anterior, a los reclamos de activistas y ONG´s, se han sumado las voces de 3 mil perredistas que el 8 de marzo realizaron una manifestación en Ecatepec, para demandar al gobierno mexiquense que acepte lanzar la AVG.
Las ONG´s nacionales han criticado el reiterado rechazo de emitir esta AVG por parte del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) integrado por las secretarías de Gobernación, de Desarrollo Social, de Educación Pública, de Salud, de Trabajo y Prevención Social; además de la Procuraduría General de la República, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto Nacional de las Mujeres y las instancias de las mujeres de las 32 entidades federativas.
Llamados del poder Legislativo al Gobierno del estado de México
La diputada federal Julisa Mejía Guajardo, del PRD, durante una reciente intervención en tribuna de la Cámara de Diputados, dijo que en el primer año del ‘peñanietismo’, dos mil feminicidios han ocurrido en México, la cuarta parte de ellos en el estado de México y "de la alerta de género, ni sus luces".
Otras legisladoras federales de diversas fracciones parlamentarias aseguraron que se incrementó el número de feminicidios en el país, ya que entre 1985 y 2013 hubo 36 mil 606 decesos, y señalaron la importancia de contar con políticas públicas y acciones que frenen este flagelo.
Con motivo del Día Nacional de la Erradicación del Feminicidio y la Desaparición de Mujeres, la diputada federal Dora María Guadalupe Talamante Lemas, de Nueva Alianza, afirmó que a pesar de los aportes al marco jurídico, el problema ha alcanzado índices alarmantes, pues entre 2006 y 2012 los feminicidios en nuestro país aumentaron más de 40 por ciento, de acuerdo al informe “De sobrevivientes a defensoras: mujeres que enfrentan la violencia, en México, Honduras y Guatemala”.
Dijo que en nuestro país han ocurrido 36 mil 606 feminicidios de 1985 a la fecha y el aumento fue más drástico durante el pasado gobierno federal, cuando los crímenes aumentaron en más del 100 por ciento.
Otras organizaciones no gubernamentales han señalado que ante la negativa de instrumentar este único mecanismo de protección colectiva, la situación de la violencia contra las Mujeres sigue en aumento, pues aún cuando las autoridades siguen manifestando que están trabajando por erradicar el feminicidio, “el número de casos sigue incrementándose; pues de acuerdo a ONU-Mujeres, el Estado de México es una de las primeras 5 entidades con mayor prevalencia de violencia contra las mujeres, con un 56.9%. De acuerdo a esta misma instancia, de 2007 a 2009 la tasa de defunciones femeninas con presunción de de homicidio aumentó un 38%”.
Expresaron que es claro que la visión del gobierno del Estado de México carece de una perspectiva real de la situación, pues mientras las autoridades de esa entidad sólo reconocen 115 feminicidios en dos años (2011 y 2012), en el mismo periodo ocurrieron 448 asesinatos de mujeres, de las cuales algunos presentaban características feminicidas, debido a que el 42% de estas mujeres murieron como consecuencia del uso excesivo de la fuerza física como golpes, asfixia, quemaduras o mutilaciones, elementos a considerar en los crímenes de discriminación, por la forma de someter a los cuerpos, y el 75% fueron halladas asesinadas en un lugar púbico como calles, avenidas, terrenos baldíos, tiraderos de basura, lugares de terracería, etc.
Hay que recordar que la inconformidad de estos activistas nacionales e internacionales se origina en el año 2011, cuando el SNPSEVCM rechazó la petición realizada por las organizaciones Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, de emitir la declaración de la AVG en el Estado de México.
En respuesta a esa negativa, estas organizaciones se ampararon contra esa resolución y un juzgado federal resolvió la nulidad de dicha decisión, obligando al SNPSEVCM a reconsiderar y sustentar su decisión.
A la fecha y pese a existir tener un mandato judicial, el SNPSEVCM todavía no ha cumplido con la misma ni ha dado respuesta a los reclamos de la sociedad civil.
En este tenor, la diputada Karina Labastida Sotelo, del PAN, secretaria de la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han Emprendido las Autoridades Competentes en relación a los Feminicidios, en septiembre del 2013, propuso un acuerdo entre las tres principales fuerzas políticas del país para que en aquellos estados que gobiernan y donde se registre un mayor número de asesinatos de mujeres emitan una Alerta por Violencia de Género.
Sin embargo, la legisladora lamentó que por motivos partidistas este llamado fracasó.
Agregó que por ello diputadas de la Comisión de Feminicidios se han dando a la tarea de visitar a algunos gobernadores para solicitar información tanto de los índices de los asesinatos de mujeres que tienen en sus entidades, como de las acciones que están emprendiendo para combatir la violencia de género.
“Si no existe voluntad política para abordar el tema sin tintes partidistas, pues entonces hay que partidizarlo pero a favor de las mujeres. ¿Cómo? buscando un acuerdo entre los principales partidos políticos para que acepten que la alerta se aplique en el Estado de México, que es gobernado por el PRI; en Guanajuato, donde gobierna el PAN, y en Morelos, donde el gobierno es del PRD. Este acuerdo es en el entendido de que la alerta de género es para proteger a las mujeres, no para afectar la imagen de un determinado gobierno o partido político”, propuso en su momento.
También el Senado de la República, aprobó un dictamen en el cual solicitó al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que “emprenda sus buenos oficios” con las autoridades de los estados de la República para que acepten las declaratorias de Alerta de Violencia de Género que les han sido solicitadas, a efecto de lograr la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia feminicida.
El gobierno del estado de México no emitie la AVG por motivos políticos
La percepción generalizada de activistas y ONG´s, es en el sentido de que el gobierno mexiquense no acepta lanzar las correspondientes AVG, con el argumento de que tiene tientes políticos.
Por ejemplo, el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social mexiquense, en su momento, señaló que la petición de una AVG en el estado de México, se trataba de una estrategia para afectar la imagen de Enrique Peña Nieto, a la sazón gobernador de la entidad, con miras a las elecciones estatales que habrían de renovar la gubernatura.
El propio Peña Nieto dijo que era “sospechoso” que el tema se discutiera justo a unos meses de la elección para elegir a su sucesor.
Por su parte, el actual gobernador Eruviel Ávila Villegas, consideró que no se requiere emitir la eclaratoria de AVG en la entidad, como exigen las ONG´s desde hace años, porque las mujeres están protegidas y apoyadas, y las autoridades de todos los niveles seguirán velando por su seguridad y protección y “estaremos haciéndoles justicia”.
Ádvirtió que no toleraría que se buscará lucrar políticamente con la declaratoria de AVG y dio a conocer que realizarían nuevas acciones para la protección de las mujeres, entre ellas: crear dos centros de justicia especializados en Cuautitlán Izcalli y Amecameca, dos albergues temporales, en Cuautitlán Izcalli y Jocotitlán; el primer Centro de Atención Integral para Mujeres, en Zinacantepec, y un Centro de Atención para Mujeres Víctimas de Violencia Intrafamiliar en Nezahualcóyotl.
También ofreció diseñar mecanismos para detectar y sancionar a servidores públicos que victimicen a mujeres que han sufrido violencia, la creación de un órgano interinstitucional que colabore con la Procuraduría General de Justicia del Estado de México en la atención del feminicidio y otros delitos; promover en planes de estudio la cultura de una vida libre de violencia contra las mujeres, y una amplia campaña de equidad de género en el Sistema de Radio y Televisión Mexiquense.
Como se observa, el estado de México es considerado a nivel internacional como uno de los 5 estados del país con mayor índice de violencia en contra de las mujeres, pese a que fue la primera entidad en tipificar el delito de feminicidio.
El código penal mexiquense indica que el homicidio doloso de una mujer se considera feminicidio cuando ocurra por violencia de género, se cometa en contra de alguien con quien se haya tenido una relación sentimental, afectiva, de confianza o una de trabajo; o existan con antelación actos que impliquen violencia familiar.
De acuerdo al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, esto hace que en el Estado de México la definición de feminicidio sea tan ambigua, que resulta incomprobable y “se presta al encubrimiento de las cifras reales de mujeres asesinadas”.
Con base en esto, la igualdad de género en el estado de México parece una meta inalcanzable, pese a las instituciones y las disposiciones gubernamentales creadas ex profeso.
Habrá que esperar a ver si es suficiente la aplicación de la reciente reforma aprobada por el Congreso del estado de México, en Enero del 2014, que perfecciona la tipificación del delito de feminicidio en su Código Penal, la cual pretende ajustar la legislación estatal con la federal y tomar en consideración las recomendaciones que han realizado organizaciones civiles en la materia.
El gobierno del estado de México no ha mostrado sensibilidad política suficiente ante los reclamos de activistas y ONG´s nacionales y extranjeras, ni a los llamados realizados por parte de legisladoras y legisladores federales y locales.
Mientras los políticos mexiquenses determinan si la AVG es viable, continúa la violencia en contra de las mujeres en la entidad.
La incapacidad de las instituciones y directrices gubernamentales creadas ex profeso, para erradicar la violencia en contra de mujeres y niñas en el estado de México, hace prever que continuará la impunidad en este tipo crímenes.
Nuevamente, como ha sido denunciado por diversas ONG´s, esta respuesta de las autoridades estatales a la demanda de emitir la AVG, se convierte en violencia institucional en contra de las víctimas del feminicidio y sus familiares.
Habrá que preguntar al jefe de las instituciones del estado, Eruviel Ávila ¿Cuántas víctimas son necesarias para que emita la AVG en la entidad?
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