México, D.F.- Un colectivo de organizaciones no gubernamentales (ONG´s) y activistas nacionales y extranjeros, mediante un comunicado, fijaron su postura respecto a que el trabajo de defensores y defensoras de derechos humanos, no puede ni debe ser criminalizado ni atentar contra su dignidad o dejarles en situación de riesgo inminente ante constantes amenazas físicas y psicológicas.

Comentó que en los primeros días de marzo del año en curso, lo ha consternado la campaña de desprestigio, linchamiento mediático en algunas redes sociales hacia el trabajo que por más de 13 años viene realizando el Comité Cerezo, en diferentes regiones del país para la promoción y defensa de los derechos humanos.

Solicitó al gobierno de Enrique Peña Nieto y a los organismos institucionales correspondientes, acatar las disposiciones constitucionales plasmadas en el Reglamento de la Ley para la Protección de personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en donde en el Acuerdo para esta ley dice:

“Se entenderá por defensora o defensor de los derechos humanos a toda aquella persona que, de manera individual o en asociación con otros, realiza la promoción y defensa de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte” (Diario Oficial de la Federación).

Ratificó su apoyo y solidaridad incondicional al Comité Cerezo, a quienes conoce por su transparencia y compromiso por la defensa de los derechos humanos, por su trabajo en la formación y capacitación a mujeres y hombres tanto de asociaciones civiles, movimientos sociales como colectivos. Así como en su búsqueda por la paz, justicia social, por la libertad de presas y presos políticos y contra la desaparición forzada, dijo.

Por ello y más le preocupa la seguridad física y psicológica de quienes integran esta organización. Responsabilizó al gobierno de México, "de cualquier situación que pueda atentar contra su vida, dado el contexto nacional de criminalización, asesinato y desaparición de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México".

Los firmantes del comunicado son los siguientes:

Colectivo Rosa Luxemburgo, Red de Monitoras Indígenas de Chiapas, K’inal Antsetik (Tierra de Mujeres-Chiapas), Colectivo Feminista “Mercedes Olivera y Bustamante”, A.C. (COFEMO), Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”. Marina Patricia Jiménez Ramírez, Dra. Mercedes Olivera Bustamante, Alma Padilla, Yolanda Castro Apreza, Rosalinda Sántiz Díaz (San Andrés Larráinzar), Micaela Hernández Meza (Tenejapa), Cecilia López Pérez (San Andrés Larráinzar), Arnulfo Calvo Núñez (Huixtán), Melel Xojobal A.C. (Chiapas), Claudia Ramos Guillén, Anadina Ramos Guillén, Andrés Ramírez Hernández, Marcelino Santiz Díaz, Marco Vonbonstel, Imelda Sánchez Arcos, María del Rosario Alfaro Figueroa, José Trinidad López Calvo, Sandra J. González Jiménez, Eric Bautista Gómez. Familia Canudas (Boca del Río, Veracruz), Organización Campesina, Indígena y Popular “Ricardo Flores Magón” (OCIP-RFM-FNLS), Patricia de la Fuente Castro.

Estado Español:

Islas Canarias: Asunción Frías Huerta (Concejala del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife)

Carmen E. Toste Cubas. Islas Canarias

Eva S. Solano Sierra. Islas Canarias

Yasmina Sánchez Martín. Islas Canarias

Thäis Miquel Roig. Cataluña.

Domingo J. Ruíz Izquierdo. Canarias

Francisco Javier Aznarez Agustín. Canarias.

Candelaria Marrero. Canarias.

Asturias: Comité de Solidaridad con América Latina (COSAL-Oviedo).

País Vasco: Mikel Manso Iñarruti

Madrid: Comité Monseñor Oscar Romero-Madrid.

Amsterdam: Noemí Lafuente R.

Estados Unidos: Comité ProDemocracia en México. Los Ángeles California, Asociación de Programadores en Español de KPFK, Los Ángeles California, Frente Unido de Los Pueblos Americanos. Los Ángeles CA.