Las legisladoras se manifestaron por establecer programas sociales y políticas que protejan a los niños y adolescentes del riesgo de verse sumados a acciones bélicas o incorporados a algún grupo delictivo del crimen organizado.

Las presidentas de las comisiones de Derechos Humanos, de Asuntos Indígenas y de Derechos de la Niñez, respectivamente, sostienen que infantes entre 9 y 17 años son explotados por los grupos criminales de diversas formas, y están implicados en unos 22 tipos de delitos, que van desde el tráfico de droga hasta secuestro y trata de personas, extorsiones, contrabando y piratería.

Resaltaron que a partir de los 9 ó 10 años de edad, los niños se involucran en delitos, sobre todo en la trata de personas. A los 12,  abundaron, se les utiliza para cuidar las casas de seguridad y controlar que no se escapen las víctimas de secuestros o de levantones, y a partir de los 16 años, participa en actos más violentos como secuestros o asesinatos, y todos portan armas.

De acuerdo con la organización Cauce Ciudadano, señalaron que existen alrededor de 24 mil menores incorporados a diferentes grupos de delincuencia organizada: cártel de Sinaloa, más de 17 mil; Los Zetas, unos 7 mil 500, y La Familia Michoacana, casi 50 mil niños y adolescentes, indicaron.

En el documento, las diputadas subrayaron que un estudio oficial realizado por la Red por los Derechos de la Infancia en México plantea que desde 2010, cada 36 horas un niño o adolescente es ejecutado en México y su muerte está vinculada a la lucha contra el crimen organizado.

Precisaron que no sólo se habla de balas perdidas o daños colaterales, sino de muertes en población infantil por causa violenta, ligadas a la lucha contra el narcotráfico.

Además, expresaron, de las 250 mil personas desplazadas debido a la violencia ejercida por la delincuencia organizada, una gran parte son menores de edad que no sólo sufren hambre y enfermedades, sino las secuelas de la violencia.

Por ello, propusieron que los gobiernos federal, estatales y municipales se comprometan a preservar los derechos de los niños y de los adolescentes, así como al cumplimiento irrestricto del protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación de infantes en conflictos armados.

Urgieron a la implantación de acciones, programas sociales y políticas públicas que coadyuven a lograr que los niños y adolescentes queden blindados ante el riesgo de verse sumados a acciones bélicas o la incorporación con algún grupo delictivo del crimen organizado, situación que evitará limitaciones en su desarrollo personal.

Afirmaron que es indispensable evitar que los niños y los adolescentes sean reclutados y utilizados en conflictos con carácter bélico, como se establece en la Convención de Ginebra, la cual prohíbe el reclutamiento, así como la participación en hostilidades, directa e indirectamente, para niños menores de 15 años.